Annie Dookhan era química del laboratorio estatal de Massachusetts. Durante años reportó resultados de pruebas que nunca hizo. Con esa evidencia inventada se acusó, se condenó y se encarceló a miles de personas. La detuvieron en septiembre de 2012.

El problema después fue de otro tipo: nadie sabía a quiénes le había pasado. No existía una lista de los casos de Dookhan, y los datos del laboratorio y de las fiscalías estaban tan mal que no se podía armar. La carga de arreglarlo recaía en cada persona condenada: encontrar abogado, ir a la corte, pedir que se revisara su caso.

Yo era data science fellow de la ACLU de Massachusetts. Cuando la corte consiguió los datos de todos los casos de drogas del estado durante los años de Dookhan, hice el análisis.

El affidavit

Lo que hice está firmado bajo pena de perjurio el 15 de agosto de 2016, en el expediente SJ-2014-0005. Son ocho páginas con tres preguntas y sus tablas, condado por condado.

La primera: de los 24,483 casos con resolución adversa que las fiscalías habían identificado, ¿cuántos ya se habían resuelto solos? Noventa y dos. Quedaban 24,391 personas todavía con una condena de drogas encima.

La segunda: de los 647 casos que sí tuvieron movimiento después de que se destapó el escándalo, el 95% se resolvió antes de la primera decisión de Bridgeman, en 2015. Es decir, el litigio posterior casi no había movido la aguja.

La tercera: el 91% de los casos —22,194 de 24,483— se procesaron en tribunal de distrito, no en tribunal superior. Ese dato importa porque son delitos menores, con sentencias cortas que la mayoría ya había terminado de cumplir. Gente que ya había pagado una deuda que quizá no debía.

La decisión

El 18 de enero de 2017 la Suprema Corte de Massachusetts resolvió el caso —Bridgeman contra el fiscal del distrito de Suffolk, SJC-12157—. En la nota al pie 24 de la página 50, la mayoría escribe:

An analysis conducted by Paola Villarreal, a data science fellow at the American Civil Liberties Union Foundation of Massachusetts, revealed that approximately sixty-two per cent of the adverse drug dispositions for Dookhan defendants were for possession alone. At oral argument, in answer to a question posed by a Justice, a prosecutor stated that he “[did] not know” whether a majority of these cases were for “straight possession.”

La segunda mitad de la nota es la que más me importa. A la pregunta de un juez sobre si la mayoría de esos casos eran por simple posesión, el fiscal respondió que no sabía. El análisis sí sabía.

El voto disidente de la jueza Hines cita el mismo trabajo en su nota al pie 4, para sostener que la mayoría de esas personas ya habían cumplido su sentencia. Los dos lados del tribunal se apoyaron en los mismos datos.

En esa misma página 50 la corte establece el protocolo para los más de 20,000 acusados de Dookhan. De ahí salió la anulación de 21,587 casos: la mayor de la historia de Estados Unidos.

De este trabajo trata el documental Justice by the numbers de la Fundación Ford.